La Investigación Científica para Elaborar Rankings de Escuelas Puede Violar Derechos Humanos y Normas Éticas
La Investigación
Científica para Elaborar Rankings de Escuelas Puede Violar Derechos Humanos y
Normas Éticas
Enrique
E. Batista J., Ph. D.
https://paideianueva.blogspot.com/
Los estudios científicos en educación, como lo es en general para todas las
ciencias, deben estar guiados a asegurar el bienestar y el progreso colectivo
mediante el entendimiento claro de factores y variables que afectan a los seres
humanos en diferentes y distintas circunstancias. Este es el caso particular de
los procesos formativos escolares, donde se requieren siempre conocimientos
fundados sobre los múltiples factores que afectan los aprendizajes de los
estudiantes.
He señalado en otra oportunidad que tenemos un servicio educativo en el mundo
que opera todavía sobre criterios empresariales de evaluación de productos para
eliminar o excluir los que no satisfacen determinados estándares. En el caso de
la educación, se refiere a la exclusión, mediante examinación, de los así
llamados menos hábiles para reservar privilegios a aquellos que pueden
satisfacer determinados requisitos de los sectores productivos, en lugar de una
concepción de la educación que ayude a humanizar los sectores sociales, productivos
y el mundo laboral, con formación que genere riqueza y progreso colectivo.
La práctica generalizada en el mundo de examinar y asignar calificaciones y,
peor, de asignar rankings a las escuelas, crea o conlleva implícita la
intención de excluir, de segregar y de estigmatizar, aún más, a los ya
excluidos y marginados. Lo cual es contrario al valor de alta significación
social que consiste en la promoción y aseguramiento de altos niveles de logros
cognitivos y afectivos entre aquellos a quienes el Estado y la sociedad, con
reconocida, torcida, ilegítima y hasta infame omisión, no se les ha permitido,
como si no fuese no un mandato y deber imperioso, social y político, tener
acceso a una educación de calidad.
Los estudios científicos en educación deben estar orientados a promover la
calidad de la educación y a garantizar el derecho de todos a ella, sin que
baste el simple acceso, sino la continua permanencia y el progreso individual y
colectivo constante en los logros educativos. No cabe la investigación científica para
generar titulares, en variados medios de comunicación, si los esfuerzos no van guiados
a conseguir que se garantice a todos, sin excepción, una formación escolar de
alta calidad, en especial con criterios de
inclusión, equidad e igualdad, para aquellos siempre abandonados, habitantes de la de las zonas y comunidades
marginadas y de los grupos minoritarios tradicionalmente excluidos, como si a ellos se les aplicase un sacro mandato de
alguna rara divinidad superior.
Para saber a qué grupos y
comunidades se le está negando el derecho a una educación de calidad, no se
necesita ningún estudio; el resultado es bien sabido y la aberrante condición
está sobre diagnosticada. El termómetro que se emplee en los estudios volverá a
marcar la misma y bien conocida fiebre.
Como referencia, se puede tomar un caso en Colombia, en dónde, en marzo de
2022, una cadena de noticias tituló (parece que, sin asomo de encogimiento,
sentido de solidaridad o reato de conciencia, y también como un gran
descubrimiento que merecía la ofensa pública de niños jóvenes y maestros), como
noticia extraordinaria y llamando la atención de todos: «Atención:
los 20 peores (sic) colegios públicos en Colombia. Estos son los 20 peores
colegios públicos en Colombia, según un estudio de la Universidad Javeriana».
Y, poniendo sal y limón en la muy abierta y dolorosa herida causada por la
desidia estatal y la complicidad social, se agregó: «Por esa razón, con ese
estudio, estos son los 20 peores colegios de Colombia, donde los que están son
los de peor rendimiento y calidad». (https://rb.gy/m3atg). Otro
anunciador de diferente agencia de noticia, con base en el mismo supuesto
estudio científico, dejó entrever, como si el mismo fuese guiado sólo a la
inutilidad de un ranking de las escuelas públicas, también con indolencia imperdonable:
«Los 20 peores (sic) colegios públicos según la Universidad Javeriana».
(https://shorturl.at/cmxL6).
No se sabe
si esa universidad avaló lo publicado; siendo una universidad de élite, podrá reconocer
que esos maltratados estudiantes (y sus maestros) de los 20 colegios, muy
posiblemente nunca llegarán a ser alumnos de ella. Pero, haría bien en reconocer,
que con base en un estudio donde los titulares mencionados dicen «según un
estudio de la Universidad Javeriana», podría reconocer el inmenso daño
social y psicológico a aquellos señalados de ser los «peores». Sabemos
que no está entre las altas funciones de una universidad someter al escarnio
público y clasificar a algunas instituciones con el adjetivo calificativo de «peores».
Ese
desliz, si así lo fue, resulta en un
empleo no ético de los procesos y resultados de la investigación científica, la
cual se concibe entre sus fines como transformadora de las condiciones del
mundo que se estudia, con comprensiones que generan los resultados que pueden coadyuvar a la
superación de las desigualdades, mejorar
las condiciones de vida de los marginados y, en este caso, formular y acompañar
y ejecutar fundamentadas propuestas de mejoramiento de los aprendizajes y,
entonces sí, resaltar que aquellos abandonados a su suerte mejoraron sus aprendizajes y se les garantizó su derecho a
una educación con calidad, lejos de la exclusión y del señalamiento abiertamente
impropio de que son los «peores».
A todos será
evidente que los criterios editoriales de medios de noticia concurrirían en
evitar la discriminación y la reiteración del marginamiento de muchos con bajos logros de aprendizajes que no son su
culpa, sino resultado de la marginación y del atropello al derecho fundamental
a la educación, a los aprendizajes de alto nivel y a la preparación
para una vida social, personal y laboral en una sociedad democrática e igualitaria,
lejos de cualquier concepción o pretexto investigativo que pudiese estar focalizado en rankings que
acentúan señalamientos y la abierta
discriminación de los ya excluidos, más aún cuando en los medios de exposición
de los resultados, se registró bajo el estigma de que se encontraron a los «peores».
Para llegar ahí, no se necesitaba, se reitera, ningún estudio: ya se sabe a
quienes se le viola el derecho a una educación de calidad, equitativa e
igualitaria para todos, como bien se prescribe en el Objetivo 4 de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, que el cumplimiento de este es una obligación de
todos los Estados.
Si no se
hace nada para superar la inequidad, el termómetro seguirá marcando lo
mismo: Niños, jóvenes y sus maestros
discriminados, cercenados en su autoestima, estigmatizados como los «peores».
Mejores suertes merecen la investigación educativa, el fin social de las
universidades y el sano criterio de los tituladores de noticias.
No es un uso propio de la investigación científica ranquear la desatención
social, la marginación, la violación a los derechos fundamentales o describir
grupos sociales con calificativos signados de valores negativo. Los estudios
sobre aprendizaje escolar no pueden ser tratados como si fuesen estudios
epidemiológicos de determinadas enfermedades.
Y ahora,
¿quién reparará el inmenso daño hecho?
Los investigadores, la universidad implicada o los medios señalados
deben todos concurrir con respuestas reparadoras del inmenso daño ya hecho.
Podría existir, en el caso aquí presentado, un problema ético frente a las
normas a la que nos sometemos los investigadores. Problema que no sólo tiene
que ver con una concepción pedagógica atrasada sobre el papel y uso de la
examinación, sino sobre el empleo que debe darse a la información que
suministran los estudiantes y las instituciones educativas de modo desprevenido
y de buena fe, pero que después es utilizada para marcar, a instituciones, a maestros
y sus alumnos, con calificativos denigrantes de su dignidad y valía como seres
humanos. Los niños no asisten a las escuelas para ser clasificados, ranqueados
y estigmatizados.
Las normas éticas de la investigación con seres humanos bien señalan que: «Conviene
tener en cuenta que quienes realizan estudios con seres humanos, patrocinadores
e investigadores, asumen toda la responsabilidad ética, científica y legal que
implica la investigación». (https://shorturl.at/nqP35). El daño causado debe ser reparado. No existe en este
escrito la intención de señalar culpables, sino de destacar la impropiedad
cometida. Compete a los investigadores y a la universidad mencionada establecer
si la titulación de la información fue o no una ligereza de los medios. Según
se establezcan posibles responsabilidades, se debe proceder a la debida y
oportuna reparación.
Comentarios
Publicar un comentario