Usar la Prueba Saber 11 para el Ingreso a la Educación Superior Pública: ¡NO!
Usar la Prueba Saber 11 para el Ingreso a la Educación
Superior Pública: ¡NO!
Enrique E. Batista J., Ph. D.
Señalaron
la OCDE y el Banco Mundial que la confiabilidad promedio de las pruebas en el
examen SABER 11 es “relativamente baja para ser un examen oficial, y
demasiado baja para ser el único dato con que se diriman situaciones … su uso
por sí solas provocaría un nivel de error superior al deseable en las
decisiones relativas a las admisiones”. (https://bit.ly/2lAWf5u).
Esa prueba en sí misma es uno de los
factores que afecta negativamente la calidad de la educación en el país. La
educación en Colombia estaría mejor sin ella.
Nuevamente, contrario a muy
importantes consideraciones y decisiones en el mundo sobre el valor de las
pruebas académicas, renace la propuesta, nada inocente, de que todas las
universidades, en especial las públicas, recurran a la denominada SABER 11 para
seleccionar a sus estudiantes. Es una propuesta para la desigualdad social estandarizada. Estandarizar lo que
no se puede estandarizar.
El profesor Oscar Sánchez ha destacado que: “En
Colombia sería necesario tener algo básico nacional y muchas variaciones
territoriales, incluso en ámbitos de escuelas veredales e indígenas
específicas. Pero en ello no hay avances: domina una errónea confusión entre
estandarización y rigor científico y calidad del aprendizaje. Una idea que
genera desconfianza en muchas comunidades frente a la evaluación. (https://bit.ly/2lMtmH7).
En el mundo hay una pérdida de
énfasis en las pruebas académicas, por estar asociadas a castigo y exclusión, a
la pérdida de motivación por los estudiantes. Además de que confinan a maestros
y alumnos a prácticas añejas que necesitan ser archivadas y dejadas para la
arqueología y la historia de las practicas educativas ya añejadas por improductivas.
El modelo de la vieja escuela se creó
para la examinación; formó parte de su esencia en los procesos formativos
escolares. Sí, de los procesos que nos tienen sumidos en una educación de mala
calidad. No es posible mejorar la calidad de la educación del país si se
insiste en que ella se mide con una prueba sin fundamentos científicos o
psicométricos adecuados, la misma que ha llevado a que en muchas instituciones
el currículo, y la generalidad de los procesos escolares, se orienten a
preparar a los alumnos para una prueba en lugar de para la vida, para la
sociedad y para el trabajo.
La creencia bien ideologizada en la
valía de las pruebas académicas ha llevado a que se desconozca su futilidad y
el efecto pervertido que ellas tienen en la calidad de los procesos formativos
escolares. Más grave aún es que desde
instituciones de educación superior se contribuya a la perpetuación de
estrategias y prácticas tradicionales, nada productivas.
La examinación como medio de
exclusión pasó de moda. Hoy la educación y todos sus procesos se rigen por los
valores de la igualdad, la equidad, la pertinencia y la inclusión. Esto parece
que lo desconocen muchos. Como se indicó en otra oportunidad (https://bit.ly/2mPw8vd) la
prueba SABER carece de valor científico y psicométrico. Es una prueba que desde
de esos dos campos es mediocre.
No se puede seguir haciéndole creer a la
ciudadanía que está bien hecha, que es perfecta y que, en efecto, sirve para
medir la calidad de la educación. Nada más lejos de la realidad. No pueden ser las instituciones de educación
superior las que la arrope con un halo de perfección y justifiquen la
impropiedad social que se comete con ellas.
Tienen suficiente razón los
estudiantes para no confiar en un sistema añejo, lejos de las realidades
formativas del mundo en que viven y que anticipan poder transformar. A lo cual
se suma el hecho de la pérdida acelerada del valor de los títulos
universitarios. La prueba SABER 11 excluye a la mayoría.
Supuestamente el Estado mide la
calidad de la educación, pero no la promueve, no la mejora. Los resultados se
usan para posicionar en inicuos rankings a ciertas instituciones escolares y
señalar con el dedo acusador a las de naturaleza pública y a su maestros sin
tomar las medidas de mejoramiento que le corresponde. Es un medir para
castigar, no para mejorar. Con ella se auto ensalzan algunos y se excluye a la
mayoría.
Mientras en el mundo se consolida el
derecho a la educación y la facilitación del acceso a la educación superior, se
propone la entronización de la prueba SABER 11, con su incorrecto halo de
supuesta perfección y sólido mecanismo de exclusión social. Cuando se observan los
puntajes que en el país obtienen los estudiantes se nota que es una prueba
centralista, excluyente de la periferia; a medida que nos alejamos del centro
se tiene menor puntuación, lo cual es una manera de perpetuar una desigualdad
social estandarizándola. En SABER 11 los puntajes más altos se dan en el centro
del país y en colegios privados de estratos altos. Si se utilizaran como
criterio de admisión, los cupos en las carrera de muy alta demanda y
deseabilidad social como en las áreas de las salud y las ingenierías serían
copados por las personas de los estratos más altos, excluyendo a los demás y
subvencionando de ese modo en la educación superior a los que más poseen
variedad de bienes económicos, sociales y culturales.
Bien ha señalado Oscar Sánchez
que en el país: “Domina una errónea confusión entre estandarización y rigor
científico y calidad del aprendizaje.” Las pruebas del ICFES han enfatizado
aspectos cognitivos con desmedro de los componentes formativos socioemocionales
y políticos. Indica el mismo autor que se reportan avances, pero muy baja
flexibilidad frente a la diversidad cultural y las variaciones territoriales,
veredales e indígenas. Sugiere: Territorializar, introduciendo más diversidad
en lo que se mide aprovechando el conocimiento de las población de abajo hacia
arriba y pasar de desarrollar las pruebas como herramientas
de medición hacia procesos que tengan validez comunitaria, política,
empresarial y académica. (https://bit.ly/2lMtmH7).
Jhorland Ayala-García del Centro
de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República en un trabajo titulado “Evaluación externa
y calidad de la educación en Colombia”
(https://bit.ly/2X8ehfB, 2015)
centró su estudio en el componente de matemática llegando a la conclusión
general de falta de progreso en la
calidad y ausencia de estrategias que la
mejoren; las brecha de género tampoco se reduce. Los desempeños más bajos se
dan en los Departamentos más pobres, todos ellos en la periferia nacional.
En el
mismo sentido Mario Hurtado precisó que hay Departamentos de la periferia (por
ejemplo, Guajira, Guaviare, Casanare, Putumayo, Caquetá, Arauca y Chocó) en las
que es necesario promover el desarrollo económico y el aumento de la
productividad, para lo cual se requieren instituciones educativas de calidad y la
creación de facilidades para que los bachilleres accedan a la educación
superior. Esto no se logrará fijando a la prueba SABER 11 como criterio de
admisión.
Daniel González ha destacado que la prueba
SABER 11 devela la
inequidad del sistema educativo y está lejos de lo que debería ser la
misión de evaluación como diagnostica, formativa y auto formadora. Han tenido, argumenta el autor, un mal impacto sobre los
colegios. La publicación de resultados “se ha convertido en una obsesión
competitiva para muchos colegios, que están dispuestos a forzar e intoxicar a
sus alumnos para obtener los mejores puntajes”. (https://bit.ly/2mI9MvK).
En un estudio sobre la validez de las
subprueba de inglés el profesor Alexis López y otros hallaron que el examen no
es válido para medir las habilidades lingüísticas generales en inglés. (https://bit.ly/2nleyQl). Los profesores Carlos Pardo y Karen Cabarcas, al
correlacionar los resultados en SABER 11 con resultados académicos, hallaron
que la “prueba Saber 11 tiene una incidencia negativa con
las calificaciones de los estudiantes en el primer semestre”. (https://bit.ly/2nkN4u1).
Parte de la argumentación que se ha expresado para la propuesta sobre
usos de la prueba SABER 11 en procesos de admisión es que si se elaboran pruebas
propias se usan recursos públicos. Sin embargo, con el argumento economicista la
inadecuación científica y psicométrica de la prueba y los tozudos y pertinaces
hechos de que con ellas no se ha mejorado la calidad de la educación en el país
y de que han servido y sirven para consolidar la exclusión de los sectores
populares y de quienes habitan en los Departamentos más pobres. Si en la Universidad del Magdalena se dice
que se ahorrarían 500 millones de pesos al año deberían más bien sopesar el muy
alto impacto negativo que el uso de ellas como criterio de admisión causa en el
crecimiento de la desigualdad y la marginación social ya bien agravada en su
región. (véase https://bit.ly/2mKbAnZ).
Las denominadas pruebas de Estado
para bachilleras (“Pruebas ICFES”, “ECAES, SABER
11) fueron creadas hace más de medio siglo. No se han consolidado como pruebas
con confiabilidad a pesar de sucesivos cambios de enfoques y de modificaciones
más bien cosméticas: De aptitudes y pruebas de razonamiento a pruebas de
conocimientos, a componentes de profundización flexibles e interdisciplinares y
hacia las denominadas competencias (como si éstas no fueran conocimientos). Hoy
no se puede probar que son mejores que antes y que cumplen el fin de facilitar
el mejoramiento de la calidad de la educación. Ocultan su poder, y supuesta
valía, en que son usadas como criterio de admisión. Si la calidad de los graduados ha bajado con
los años, ¿dónde está la utilidad de las pruebas que por cinco décadas ha
elaborado el ICFES? Medir (sin evaluar), calificar y no mejorar parece haber
sido su lema eterno.
Las Universidad Nacional de Colombia
tiene, desde hace 80 años, sus propia prueba de admisión con los criterios que
le da su autonomía universitaria. Igual ha ocurrido en la Universidad de
Antioquia desde 1968. Ambas muestran niveles altos de calidad y de inclusión de
los sectores sociales que por otras vías no tendrían posibilidad de
beneficiarse de la educación superior.
A los jóvenes, que cada vez reclaman
más participación democrática, no se les ha preguntado sobre los criterios con
los que desean ser evaluados para realizar estudios universitarios. Nuestra Constitución
obliga a que ellos sean consultados en los asuntos que los afectan. Algunas
universidades, entre ellas de naturaleza pública, se tapan los ojos para no ver
lo evidente. Es una reculada, un cambio hacia atrás en un mundo de transformaciones
aceleradas y una inmersión en las oscuridades de la sociedad y educación
excluyentes.
En lugar de profundizar en la
exclusión estandarizada, corresponde a las instituciones de educación superior
realizar los necesarios esfuerzos para incluir a muchos más sectores de la
población en la cualificación del talento humano que requiere una sociedad
igualitaria y desarrollada.
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